Según un informe de la Unidad de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina y el Caribe existen alrededor de 60 millones de personas con discapacidad, lo que representa, aproximadamente, 10% de la población de la región. En Argentina, de acuerdo al censo 2003 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hay 2.886.443 personas con discapacidad a nivel nacional (7% del total de la población). Sin embargo el trabajo en campo y las investigaciones de varias organizaciones no gubernamentales permiten inferir que estas cifras no responden a la realidad, debido a que en contextos de pobreza la discapacidad puede llegar a afectar a 18% de la población.

Las condiciones de vida de las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza son especialmente vulnerables, están invisibilizadas como consecuencia de la ignorancia, los tabúes, la falta de conocimiento sobre sus derechos y la falta de acceso a los servicios de salud y educación, produciendo dolorosas situaciones de discriminación y, por lo tanto, de exclusión social. Si bien en el país hay leyes y regulaciones referidas a las personas con discapacidad (Ley 24.901 y Ley 22.431, entre las principales), las familias pobres no conocen su existencia o no saben cómo exigir que se cumplan sus derechos, quedando así al margen de la información pública y disponible y sin herramientas para el ejercicio ciudadano y la defensa de sus derechos. El desconocimiento, la falta de información, el incumplimiento de leyes y la débil coordinación de acciones conjuntas a nivel nacional son obstáculos fundamentales que impiden la inclusión de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad a los sistemas de salud, a la educación y a la vida social en general.

A ello se suma que la sociedad no está sensibilizada sobre las condiciones de vida y los problemas que deben afrontar las personas con discapacidad, lo cual hace más difícil para ellas construir su autoestima y desarrollar su potencial para alcanzar una plena inclusión social.

La experiencia de la Fundación IPNA en el contacto con organizaciones de base territorial en barrios marginados demuestra que es sumamente importante transferir herramientas metodológicas, teóricas y prácticas a las comunidades, con la intención de dejar capacidades instaladas para que ellas mismas se apropien y resignifiquen los conocimientos compartidos y puedan autogestionar sus propias iniciativas de trabajo comunitario.